México en la indefensión

Publicado en el Semanario Punto
Toluca, México
30 de noviembre, 2011.

En los últimos días me he encontrado con una importante información que se refiere a la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, contra el presidente Felipe Calderón.
La verdad es sorprendente y realmente triste que se haya llegado al extremo de recurrir a las autoridades más allá de la frontera. Me parece que es un grito desesperado y considero que no debería ser ignorado y mucho menos minimizado.
Honestamente lo que he leído respecto a las razones que harían de Calderón responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad es escalofriante.
En alrededor de 700 páginas, los denunciantes exponen cifras impresionantes: 50 mil personas asesinadas, 10 mil casos de desaparecidos y 230 mil desplazados por el clima de inseguridad.
Ni más ni menos.
No pienso que los integrantes de las organizaciones no gubernamentales que se decidieron a denunciar tan graves hechos hayan intentado dar un golpe político al presidente de México.
Más bien creo que se trata de un intento desesperado de los ciudadanos indignados y temerosos para llamar la atención del mundo. Y hacen bien.
Porque a fin de cuentas, hay que reconocer que en nuestro país están ocurriendo cosas serias y es justo que alguien pague. No importa si ese alguien ostenta el título de presidente de la República.
Durante una entrevista simultánea realizada por la periodista Carmen Aristegui a los denunciantes y al gobierno, el abogado Netzaí Sandoval justificó la denuncia hecha ante CPI diciendo que “en México hay un contexto generalizado de violencia muy preocupante en el que se están presentando violaciones muy puntuales al derecho internacional humanitario de parte del narcotráfico y del gobierno federal.”
Seamos honestos. Tiene razón. Si alguien se atreve a negarlo o argumenta que hay mala fe o intenciones políticas en sus argumentos, o bien que la ropa sucia se lava en casa, habría que abrirle los ojos a la realidad.
De acuerdo, yo no vivo en México. Pero gracias a la maravilla que es Internet tengo la posibilidad de estar en contacto contínuo con familiares y amigos que hablan conmigo y me describen el ambiente de violencia que se vive allá. A veces simplemente me vienen escalofríos. En ocasiones me indigno. Casi siempre me preocupo. Invariablemente lo lamento profundamente.
Es por esto que me pregunto por qué razón el gobierno de Calderón no reconoce sus culpas y en lugar de amenazar a los ciudadanos que lo denunciaron no hace un análisis de conciencia, tiene un arranque de inusitada dignidad y decide admitir que hay al menos algo (si no es que mucho) de verdad en lo expresado.
“De parte de los soldados, las fuerzas de seguridad han cometido violaciones sexuales contra mujeres e incluso niñas, han realizado homicidios contra civiles, desapariciones forzadas, tortura sistemática para conseguir autoinculpaciones, ejecuciones y perjuicio.”, ha denunciado Sandoval a nombre de las ONG's involucradas en la denuncia.
Y el gobierno mexicano ha hecho una sola cosa: rechazar sus culpas. A nombre suyo, Gerardo Laveaga, denominado voz oficial para el caso y director de Instituto Nacional de Ciencias Penales, se limitó a “felicitar” a Netzaí Sandoval “por su idealismo”, pero le aclaró que “está equivocado en su proceder”, pues la CPI “le entra cuando ya se agotaron las instancias nacionales, cuando ya se denunció al presidente o a los secretarios ante los tribunales nacionales y estos no pudieron o no quisieron atender el asunto. La CPI, según el gobierno mexicano, “no es el órgano adecuado, o por lo menos, no hasta haber agotado las instancias.”
Me pregunto si son o se hacen. Personalmente me parece que no quieren comprender que haber llegado hasta La Haya es una medida normal en un Estado donde se sabe de antemano que ninguna de las instancias nacionales hará nada.
Sin embargo, en una cosa doy toda razón a Laveaga. Se trata de un acto de idealismo puro. Por desgracia. Especialmente si se considera que la denuncia ante la CPI incluye también a los narcotraficantes, de quienes dice: “atacan hospitales donde asesinan a personas, atacan centros de rehabilitación donde hay enfermos, realizan amputaciones, atacan a civiles, reclutan a niños menores de quince años para convertirlos en sicarios.”
Me pregunto qué tan factible es que estos grupos que viven al margen de la ley respondan ante la justicia internacional. Espero que los denunciantes comprendan que en un mundo donde un narcotraficante aparece en la lista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, hacer que los delincuentes de cierto nivel paguen por sus actos es practicamente imposible.
Digamos que la esperanza de los denunciantes de ser escuchados es practicamente una utopía. El riesgo que corren es hacer un tremendo ridículo porque simplemente están luchando como Don Quijote, contra molinos de viento.
Me basta leer el comunicado del gobierno mexicano para entender cómo terminará este asunto: “...México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo".
En pocas palabras: ciudadanos mitoteros, nada hay que denunciar en un país que vive una realidad practicamente de cuento de hadas.
Y para colmo, si continúan con su inútil denuncia, los 23 mil ciudadanos involucrados en ésta tendrán que atenerse a las consecuencias, porque la autoridad nacional considera que “Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes y constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”.
Y agárrense porque nuestro pobre e incomprendido gobierno “explorará todas las alternativas para proceder legalmente contra las personas que acusan temerariamente a su administración de abusos y violaciones a los derechos humanos.”
Muy bien. Tomemos nota. Y no olvidemos tampoco la postura al respecto de los flamantes casi-candidatos a la presidencia. Enrique Peña Nieto afirmó: "no estoy de acuerdo, descalifico y, por supuesto, no respaldo ese tipo de denuncias que me parece carecen de sustento y que evidentemente el Estado está y debería estar para respaldar y apoyar el proceso que se siga ante esa Corte en defensa del Jefe de Estado". Ya sabemos lo que haría el priísta en el caso de que algún ciudadano se atreviera a denunciar alguna irregularidad.
Por su parte el amoroso de izquierda, Andrés Manuel López Obrador se concretó a una respuesta vaga y tibia: “van a ser los jueces los que van decidir si procede o no procede, pero hay que esperar a que se den esos veredictos resoluciones, lo que tenemos que procurar todos es que haya un cambio de fondo en el país para cambiar la estrategia”.
Total, que de nuevo y ante un caso concreto, los mexicanos no tenemos ni para dónde hacernos. Lo más penoso es que ya ni siquiera nos queda la ilusión de pensar que un súper tribunal extranjero nos puede defender... A estas alturas creo que no lo hará ni siquiera el Chapulín Colorado.